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Por Daniela Figueroa Videla

Estación Central conversó con el abogado especialista en derecho administrativo y en fortalecimiento de las instituciones del Estado, Enrique Rajevic sobre las prácticas de “cuoteo” político y el traslado de las ex autoridades hacia el mundo privado

Respecto a la polémica que provocó la designación de la periodista Marcela Santelices como titular del Ministerio de la Mujer, el abogado dijo que hay que preguntarse el nivel político y el nivel profesional de las autoridades, “de hecho nuestra legislación no exige un título universitario para ser ministro de Estado” siendo lo político lo que más pesa a la hora de la elección de las autoridades.

“Lo que es anómalo en nuestra realidad es que la influencia de la capa política desciende mucho más de lo deseado” agregando que existen numerosos cargos discrecionales como lo que sucede con los nominados por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Sobre la necesidad de que se exijan ciertas competencias, una trayectoria y estudios relacionados con el cargo, el abogado señaló que “uno puede tener un doctorado y ser un descriteriado”. La experiencia o los títulos, a su juicio, no son los atributos primordiales y no necesariamente resuelven los problemas de fondo que son la falta de confianza y legitimidad en los cargos y las instituciones.

Considera que “el desafío es cómo se legitima el ejercicio del poder en el momento actual”. Pero pensar que a mayor información o mayor transparencia crece la confianza y la credibilidad, es parcial, ya que a veces solo confirma que “el rey está desnudo”.

Respecto al reciente caso del ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien se sumó al directorio de Cencosud, el abogado dijo que no es ilegal pero que la norma “es pésima” porque dice que dentro de seis meses la ex autoridad no puede trabajar ni la empresa contratarlo, pero el incumplimiento no conlleva multas, es “una tierra de nadie”. 

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