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Francisca Delgado

Daniel Soto, abogado y consultor de derechos humanos y políticas de seguridad, explicó que la Ley de Inteligencia hace distinción entre los servicios de inteligencia militares y policiales asignando funciones específicas. “La inteligencia militar contempla la defensa del país y no cuestiones de asuntos internos o resguardo de intereses corporativos de la institución. Tiene la función de garantizar la estabilidad del sistema institucional y democrático”, sostuvo.

Respecto al espionaje a Mauricio Weibel, el abogado apuntó que la “ejecución de la actividad de inteligencia afecta los derechos de honra, dignidad, intimidad y presunción de inocencia de una persona lo que debería ser objeto de investigación penal no solo del Ministerio Público, también de un ministro en visita”. Y detalló que el servicio de inteligencia tiene 90 días para practicar la acción y “rendir cuentas al magistrado con un informe, pero no lo tenemos”.

“El juez no debiese dar autorización verbal, la ley establece que debe efectuar una solicitud escrita con fundamentos de la medida”, afirmó Soto sobre el ministro de la Corte de Apelaciones quien aseguró no haber sido engañado por el Ejército. Y destacó que la ley de inteligencia establece conductas ilícitas “donde podría estar descrito este caso porque se utiliza la inteligencia para satisfacer intereses de algún perjudicado o encubrir hechos ilícitos y está penado entre 5 a 20 años”.

El consultor de derechos humanos y políticas de seguridad aseguró que la dirección de agencia de inteligencia del Ejército “no puede entregar información a otro estamento, a menos que haya mediado la liberación con un propósito inocuo como un informe”. Y opinó que la responsabilidad de los hechos recae en el director del servicio de inteligencia del Ejército.