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La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto que prohíbe informar las deudas que han contraído las personas por sus atenciones médicas. 

El objetivo de esta iniciativa es que esta situación no perjudique a los pacientes deudores para acceder a nuevas vías de financiamiento o a la hora de postular a un trabajo.

La iniciativa busca modificar la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. Particularmente, enmienda el texto en lo referente a las materias que no pueden ser comunicadas, agregando al listado las del área de salud.

Así, la citada prohibición recae para las deudas contraídas con prestadores de salud públicos o privados y empresas relacionadas. Esto aplica en el marco de una atención o acción de salud ambulatoria o de emergencia, sean estas consultas, procedimientos, exámenes, programas, cirugías u operaciones.

El texto plantea que el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones: respetar, proteger y cumplir la salud. Esta última comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover este derecho. Sin embargo, sostiene que en el país hay un sistema fragmentado e inequitativo de salud.

Agrega que la sociedad chilena no ha logrado configurar una fórmula de atención médica a las personas que sea equitativa. Tampoco que satisfaga las apremiantes necesidades cotidianas que tiene su población, en especial, la económicamente más desvalida, incluidos los más ancianos.

Finalmente, comenta que, hoy, existe un gran porcentaje de la población que no puede asumir los costos de la atención de salud. De tal modo, el pago de estas deudas se torna imposible, manchando los informes comerciales de los pacientes con deudas que dificultan el acceso a nuevos créditos o nuevos trabajos. Por esta situación, las personas terminan transitando por un camino sin salida.