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Por Daniela Figueroa Videla

La diputada y vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez presentó una iniciativa para prohibir cortes de servicios básicos durante la pandemia por Covid-19 en el país, el que fue calificado durante la jornada de ayer, como “inadmisible”. Al respecto, el ministro de Energía Juan Carlos Jobet, anunció que presentará una reserva de constitucionalidad para frenar el proyecto, que fue despachado desde la Cámara baja al Senado el miércoles pasado. La autoridad considera que el proyecto afecta el derecho de propiedad, el derecho a desarrollar actividades económicas y representa una carga para el Estado.

Estación Central conversó de este proyecto de ley, que se ingresó el 18 de marzo pasando el primer trámite legislativo con diputada Pérez. Lo primero que aclaró la parlamentaria fue que esta iniciativa a diferencia de la gubernamental que considera solo la luz y el agua, incluye todos los servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía-internet y cable) y además tiene una cobertura total y no es sólo para el 40% más vulnerable como el que plantea el gobierno. La parlamentaria aclaró que dejaron fuera a las empresas de cable u otros servicios con menos de 12 mil clientes, que son pymes, para no perjudicarlas, lo mismo con las empresas de agua rural.

La diputada DC explicó que “no estamos promoviendo la gratuidad sino la facilidad de pago. (…) El que pueda pagar que pague y si no puede se puede acoger al beneficio” para poder cancelar el consumo de los servicios básicos hasta en 12 cuotas.

La vicepresidenta nacional de la falange dijo además que en las reuniones de trabajo “escuchamos a las generadoras, a las distribuidoras, a veinte organizaciones, a subsecretarios, tuvimos reuniones de más de 7 horas. El proyecto tenía apoyo transversal. Somos oposición propositiva, pero al gobierno le interesa más los empresarios”. Pérez señaló que lamentablemente el Ministro Jobet por su pasado empresarial ha estado muy activo e interesado en este tema, pero de lado de los empresarios. Por eso la parlamentaria sostuvo que “el gobierno necesita ponerse de lado de las personas” haciendo un llamado al mismo.

Consultada por la reserva de constitucionalidad planteada por el gobierno, la diputada Pérez dijo que “esto no es inconstitucional menos ahora donde se puede cuestionar el derecho de propiedad. El gobierno está errado en su tesis.(…) Estamos en un momento de excepción constitucional, bajo el Estado de Catástrofe, entonces lo primero es garantizar los servicios básicos a las personas”. Agregó que “tenemos que ser capaces de regular el mercado cuando el mercado no tiene solidaridad”. Por último explicó que de aprobarse el proyecto de ley este debería empezar a regir en las siguientes dos semanas.

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