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Por Daniela Figueroa V.

Ayer la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en particular, y despachó a sala, el proyecto de segundo retiro de fondos previsionales. Sobre las indicaciones aprobadas y la polémica con el ministro Ignacio Briones, conversó Estación Central con el diputado PS, Leonardo Soto, quien dijo que como “el daño en la economía es general” hay que confiar en que “cada uno debe evaluar la situación del retiro porque son fondos propios”.

El integrante de la Comisión de Constitución sostuvo respecto a la decisión del ministro Briones de pedir, y tener en su poder, los antecedentes de los 9 millones de chilenos que hicieron el primer retiro, que “nos parece que la conducta y decisión del ministro de Hacienda es completamente ilegal, porque son datos personales protegidos por la ley y él no tiene atribuciones para invocar esos datos”.

El abogado se refirió al impuesto para aquellos que quieran retirar su segundo 10% de las AFP y cuenten con rentas mayores a 2,5 millones de pesos, señalando que aunque él votó en contra “porque la pandemia ha afectado también a la clase media” el argumento, principalmente de los parlamentarios oficialistas fue que como “no pertenecen a los quintiles más pobres del país, podrían contribuir con impuestos para financiar al Estado chileno”.

El diputado Leonardo Soto sostuvo que la idea matriz de este segundo retiro universal, como fue la del primero, es que responda a una excepción transitoria por la crisis social y económica derivada de la pandemia. Aunque, informó “hay un proyecto aprobado que tiene que ver con un derecho de retiro permanente, que es para los cotizantes que padecen una enfermedad terminal”. “Es una medida humanitaria”.

También indicó que, para mitigar el daño en las futuras pensiones, se aprobó la indicación que permite el reintegro de los recursos solicitados, pero “nosotros logramos aprobar que sea de carácter voluntario con un procedimiento de descuento del 5% de sus cotizaciones por el tiempo que le reste para jubilar”.