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Por Rodrigo Alcaíno Padilla

“De todas las denuncias, de un universo de 8 mil, solamente tenemos agentes formalizado en un 1% de los casos. Es decir, hay una lentitud muy importante en estas investigaciones donde entran causas y factores de todo tipo”.

Es uno de los datos que compartió Marco Fandiño, director de estudios y proyectos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja), respecto de un trabajo que reporta incumplimiento de estándares legales internacionales en investigaciones de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social chileno.

Según Fandiño “se han identificado una serie de obstrucciones a las investigaciones por parte de Carabineros, que en muchos casos están dificultando que puedan avanzar en la celeridad que se le exije y por otro lado que puedan a obtener resultados en termino de condenas a agentes”.

“Sabemos que el Ministerio Público es una institución joven, no fue pensada para responder de manera adecuada a una crisis de derechos humanos de la magnitud que hemos vivido. Nuestra propuesta es que pueda crear una fiscalía especializada para la materia de derechos humanos” agregó.

También explicó que el informe propone solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyo con la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, cuya finalidad sea tener acompañamiento técnico con una mirada externa, sin compromiso ni obstrucciones.

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