Por Daniela Figueroa Videla
El pasado lunes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió abrir una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos al interior del Tribunal Constitucional. Esto luego de que la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz interpusiera una denuncia por delitos de prevaricación y cohecho. Por otra parte, la actual presidenta del Tribunal, María Luisa Brahm, señaló en una reciente entrevista con La Tercera, que durante el mandato anterior pudieron ocurrir hechos de que lindaban con “la corrupción”, al presentarse dilaciones de causas relacionadas a Derechos Humanos.
En Estación Central conversamos al respecto con el director del Depto de Derecho Público de la Usach, el abogado Luis Bobadilla. El catedrático de derecho constitucional dijo que la acusación hecha por Brahm “es muy grave, pero la lanza sin precisar a quién, diciendo que en el mandato de Aróstica las causas se tramitaban muy lentamente, y que producto de esta tramitación tan lenta se había armado un negocio. Esto deja una duda si esta circunstancia es por si era ineficiente o porque había intereses económicos asociados, hay que investigar esto”. Bobadilla agregó que “hay un pequeño House of Cards (en el TC). Ella (Brahm) tiene una disputa con tres ministros del TC (Vásquez, Aróstica y Romero) en gran medida las declaraciones de Brahm responde a las diferencias con el estilo de abordar las cosas con ellos” dijo.
A juicio del abogado, el hecho de que Brahms sea de centroderecha “no impide que vaya en contra de medidas propias de la derecha” como fue el caso del aborto en tres causales y recientemente la votación a favor de que se excluyera a condenados por crímenes de lesa humanidad en la llamada Ley Humanitaria. El director del Depto. de Derecho Público de la Usach, señaló que María Luisa Brahm quiere cambiar las dinámicas del TC. En la entrevista del día domingo en el diario La Tercera “ella hace dos críticas, la primera sobre la gestión muy lenta para las causas y la otra es que producto de esta demora y el mal recurso de inaplicabilidad podía darse una suerte de mercado para ganar tiempo”.
Bobadilla cree que la investigación determinada por el fiscal Abbott traerá “solo cosas buenas. Entre más transparencia y claridad, mejor”. Y consultado por las penas que podrían tener estos delitos una vez comprobados, Luis Bobadilla señaló que “habría que distinguir el delito de prevaricación y el cohecho. Para el cohecho hay dos sanciones, la penal y la inhabilidad. Si además se comprueba que hay prevaricación es también la inhabilitación y además un presidio menor, mínimo a medio” señaló el abogado.
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