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Marco Espinoza Pacheco

Luego de una polémica tramitación en el Congreso, el Gobierno promulgó el Ingreso Familiar de Emergencia para el 60% de los hogares más vulnerables. El beneficio consiste en tres pagos mensuales consecutivos, con montos decrecientes de 65 mil pesos por persona el primer mes, 55 mil pesos el segundo y 45 mil el tercero.

En contacto con Razones Editoriales, el Doctor en Historia Económica, Mario Matus, estimó que más allá de bonos de emergencia, debería existir “una renta básica universal garantizada por el Estado, que permita a los segmentos con contratos no permanentes, llevar el confinamiento en sus casas y asegurar un consumo mínimo para que las empresas tampoco tengan que cerrar”.

Matus apuntó a que el Ministerio de hacienda debería transparentar sus cifras, ya que “cuando se destinan este tipo de pagos de emergencia, hay que ver si los montos y la cantidad son las correctas, si debería haber sido un beneficio por 6 u 8 meses”.

El también profesor asociado de la Universidad de Chile agregó que no sólo se debe pensar en el período de emergencia, sino también en la recuperación post pandemia como un momento oportuno para revisar el sueldo mínimo.

“El salario mínimo está muy por debajo de los montos mínimos de países con nuestro mismo PIB en la OCDE, debería estar entre los 400 y 500 mil pesos, de acuerdo al PIB per cápita de hoy. Recién en el año 2008 recuperamos el sueldo real que había en 1969, porque el Estado ha estado secuestrado durante 40 años por un grupo económico que no permite hacer las reformas”, planteó.

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