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(Foto: medium.com)

Por Daniela Figueroa Videla

En el actual estado de emergencia sanitaria, múltiples plataformas ofrecen opciones para mantenerse informado y conectado con otras personas a través del teletrabajo o aplicaciones de videoconferencia.  Hace un par de semanas, Gobierno Digital lanzó Corona App, para conocer más sobre el avance de la pandemia en Chile. La Fundación Datos Protegidos llamó a ser responsables con la información que se entrega en este tipos de aplicaciones; en Estación Central conversamos con su presidenta y fundadora, Jessica Matus.

Matus señaló lo más importante es conocer qué tipo de información pide y cuáles son los mecanismo de protección de los datos de Corona App, ya que geolocaliza a las personas y pide datos de enfermedades preexistentes. La presidenta de Fundación de Datos Protegidos dijo que habría que revisar si la finalidad de esta aplicación (seguimiento de personas con síntomas con Covid-19) se puede hacer de otra forma.

Matus advirtió que “los datos de salud son muy sensibles y deben entregarse con la autorización expresa de las personas” y el riesgo en este caso es que pide completar datos de terceros que no han dado su consentimiento y esto atenta a la privacidad. También señaló que es importante detectar cómo la autoridad va a regular los segundos usos de los datos recopilados, es decir, el darle un uso distinto a la finalidad inicial, por ejemplo, entregar los datos a terceros como Municipios o las FFAA.

Respecto a las políticas de Corea del Sur que hace georreferencia a  las personas contagiadas, Jessica Matus dijo que la autoridad en Chile podría ordenar esto por ley “pero las legislaciones de Corea y China son muy distintas a las normas de privacidad y los derechos de las personas en Chile. Entonces esto debe estar establecido por ley”. 

Sobre el convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Sename, que es una alianza de transferencia de información donde no se excluyen los datos personales, Matus señaló que “podría existir una vulneración” por eso la Subsecretaría de la Niñez interpuso un recurso de protección para invalidarlo. Además se trataría de una vulneración mayor dado que se trata de menores de edad.

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