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Francisca Delgado

Tras la expulsión del Gobierno de 138 migrantes colombianos y venezolanos irregulares, Razones Editoriales analizó la situación junto a Patricia Rojo, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile. “Nos parece que es una medida extrema y pensamos que va a dificultar el esfuerzo del Gobierno para controlar la pandemia. Para el Estado es un costo más alto tener una persona en un hospital por Covid que vacunarla”, agregó.

Rojo afirmó que desde la organización mantienen contacto con las personas en el norte del país. Respecto a la expulsión manifestó: “Lo vimos con bastante tristeza e indignación porque estas personas vienen huyendo de un régimen que no les garantiza las medidas y necesidades básicas para subsistir”. Y mencionó que los expulsados no fueron informados de sus derechos, por ejemplo, el recurrir a tribunales para solicitar recursos de amparo.

“El perfil de las personas que llegan son mayores, mujeres con niños y adolescentes que buscan a sus cónyuges que ya se encuentran en Chile establecidos y vienen a buscar mejor suerte y mejor calidad de vida”, apuntó la venezolana erradicada en el país desde el 2012. Y señaló que desde la asociación “no hemos podido generar enlaces con el Ministerio del Interior, ni Cancillería”.

Rojo declaró estar preocupada por el retorno de sus compatriotas: “La gente vuelve con mucho miedo. Hay un temor en cómo van a ser recibidos”. Y mencionó la campaña junto a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas de recolección de fondos para entregar colaciones a las personas en Iquique. 

“Siempre hemos desincentivado el ingreso de personas por pasos no habilitados, pero estamos hablando de una crisis de refugiados, esto no es sólo una ola migratoria y esperamos que el Gobierno lo entienda de esa manera”, finalizó declarando la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile.