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La decisión del nuevo gobierno del Presidente Gabriel Boric de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado en causas de personas vinculadas a hechos de violencia cometidos durante el estallido social, motivó que la bancada del Partido Republicano decidiera iniciar el proceso de recolección de firmas para interpelar a las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, el mismo día de asumir la administración debutante.

El motivo de la acción, asegura el diputado Cristián Araya, “es que ambas ministras vayan a explicar al Congreso los argumentos de esta determinación, que a nuestro juicio provoca un tremendo daño al país, porque se entrega una señal de impunidad a quienes cometen delitos y gravísimos hechos de violencia”, señaló.

El parlamentario aseguró que “resulta inconducente que un gobierno que tiene el enorme desafío de frenar el terrorismo y la violencia instalada en la Macrozona Sur y en otros puntos del país, adopte una decisión que sólo profundizará la sensación de desamparo que expresan los chilenos ante el progresivo aumento de la violencia en Chile, porque el Presidente de la República ha decidido ponerse del lado de los criminales”.

“No ha pasado un día desde que asumieron, y el nuevo gobierno ya comienza a mostrar su verdadero rostro, en sintonía con la campaña presidencial de primera vuelta del actual Presidente, y con el constante apoyo explícito e implícito que gran parte de la izquierda le ha otorgado a los grupos violentistas”, puntualizó.

El legislador indicó que esta medida, junto a la determinación de no extender el estado de excepción en la Macrozona Sur, representan “una bofetada para la gran mayoría de los chilenos que quieren vivir en paz, y muchos de los cuales han resultados muy perjudicados por la violencia delictual y terrorista instalada actualmente en el país”.

El congresista espera “recolectar en el más breve plazo las firmas para concretar esta interpelación y marcar una señal clara de que la bancada republicana no dejará pasar ni una medida al gobierno que atente contra la estabilidad democrática de Chile y que afecte la integridad de los chilenos”, concluyó.