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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Miguel Ángel Quezada (UDI), exintendente de la Región de Tarapacá, y otros exmiembros del Gobierno Regional, tras detectarse irregularidades en la entrega de cajas de alimentos en 2020, durante el primer año de pandemia de coronavirus, y que se enmarcó en el plan “Alimentos para Chile” (una instancia que buscó dar una mano a las familias más vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria, entregando una canasta que incluía comida y artículos de limpieza).

En ese contexto, una auditoría de Contraloría detectó que la administración de Quezada pagó un sobreprecio a los proveedores, considerando que se autorizó la modalidad de trato directo para la compra de 23.113 cajas con tres empresas de la región.

En la acción judicial del CDE se detalló que el perjuicio al patrimonio público llegaría a $230.763.114 y podría ascender conforme avance la investigación, pues hasta ahora solo se ha contabilizado el informe pericial elaborado por la PDI.

El valor del cartón, impresión de logos y logística de transporte, determinó que cada caja debería haber costado $41.467. Sin embargo, el monto promedio pagado por la Intendencia fue de $51.541. Sumado a lo interior, un reportaje de Canal 13 dio cuenta de que se coordinó beneficiar a proveedores específicos, algunos de los cuales prestaron servicios en campañas políticas.

La querella apunta como autores del delito de fraude al fisco al exintendente Miguel Ángel Quezada, la exjefa de gabinete Lilian Plaza, el exjefe de finanzas de la Intendencia Jhonny Muñoz, además de Lorena Barrientos, Juan Carlos Ayala, Ximena Ciudad, Dimitri Díaz, Ricardo Percic y Jorge Venegas.

Por lo anterior, se solicitó que se cite a declarar a todos los querellados en calidad de imputados, en calidad de testigos a los representantes de los proveedores que remitieron cotizaciones a la Intendencia Regional de Tarapacá para participar del proyecto "Alimentos para Chile", y que se permita el acceso a todas las cuentas bancarias.

Además, se pidió que se decrete el inicio de diligencias para determinar los perjuicios al Fisco, información sobre la situación patrimonial de los querellados y que se investigue la participación de todos los involucrados.

En esa línea, los acusados deberían ser formalizados en el transcurso de diciembre.