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Durante esta jornada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) presentó un informe llamado “Situación de los Derechos Humanos en Chile” en el que se da cuenta de la “visita in loco” realizada al país entre el 25 y el 31 de enero de 2020 para conocer las causas y las consecuencias del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.

En el documento, que analiza la institucionalidad democrática vigente, las demandas de la sociedad en el marco de las protestas, la respuesta del Gobierno y las medidas para atender los requerimientos, el estamento internacional determinó que durante los hechos observados se registró el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado en detrimento al “ejercicio de la protesta pacífica”.

El informe subraya que el accionar de los Estados democráticos debe considerar que las manifestaciones no constituyen una amenaza al orden pública ya que estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana.

Por otra parte, se destaca que las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, se resalta la Convención Constitucional que se instaló el 4 de julio de 2021 con el fin de reformar la Constitución vigente desde 1980, como respuesta democrática ante la crisis social, a través del diálogo nacional. Este proceso representa un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de derechos humanos para todas las personas.

En el ámbito de lo individual, el informe da cuenta de las medidas adoptadas para reparar a las víctimas; y asegurar que las personas manifestantes no sean amenazadas, hostigadas, y violentadas por parte de otras personas o por agentes del Estado. Al respecto, se resaltó que el accionar de los encargados del orden se caracterizó por patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, lo que se representó en la pérdida de 5 vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del "estallido social", así como cientos de personas heridas, en particular con lesiones oculares.