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La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Chile es responsable “por no cumplir con la debida diligencia” para el reconocimiento del pago de la denominada “deuda histórica” de 846 profesores y profesoras afectados con el proceso de municipalización impuesto en 1981 por la dictadura.

"Estas profesoras y profesores tuvieron que salir de las fronteras de nuestro país para exigir justicia y como Magisterio exigimos el pago de esta deuda para todos los docentes afectados", señaló Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

La decisión se conoció este martes desde San José de Costa Rica donde la CIDH tiene su sede. Ahí, la entidad afirmó que el Estado chileno provocó un perjuicio cuando determinó el traspaso de la administración de la educación pública del país desde el nivel central a las municipalidades, lo que generó que el personal docente fuera traspasado bajo la normativa del Código del Trabajo, es decir, aplicando las normas del sector privado.

Asimismo, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció, esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, el Tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad.

"Este hecho se produce justamente cuando tenemos un presidente electo que ha dicho públicamente que está disponible para hacer una reparación. De esta forma, con esta noticia esta situación se debe apurar y creemos que estamos en condiciones de que esta reparación se vuelva una realidad", agregó el presidente nacional del gremio docente.