Columna de Opinión

Chile es hoy, un país en transformación. Los profundos cambios políticos, institucionales, sociales y culturales que actualmente experimentamos, nos posicionan en una disyuntiva mayor: ser protagonistas del cambio o ser meros espectadores. Hasta ahora, las universidades del Estado, más ocupadas en estrategias de sobrevivencia y de desarrollo interno, han perdido su protagonismo e impacto social. Sin embargo, el gobierno actual ha expresado su voluntad de dar un nuevo impulso a sus universidades, como lo recordó el presidente Boric con motivo de la asunción de Rosa Devés como rectora de la Universidad de Chile: "el Estado no solo tiene el derecho, sino que el deber de tener un trato prioritario con sus universidades".

Las universidades estatales deberán estar a la altura de esta voluntad política y asumir una posición clara frente al contexto nacional. Ellas tienen una responsabilidad irrenunciable en la construcción de aquel conocimiento que, de la mano del avance tecnológico, la excelencia académica en la formación de nuevos profesionales y una investigación con pertinencia territorial, promueva acciones que lleven al país a mayores niveles de desarrollo cultural y justicia social en las próximas décadas.

Este escenario es, también, una invitación para recuperar el lugar de las universidades del Estado en la construcción del proyecto país y, de paso, fortalecer el alicaído Consorcio de Universidades Estatales.

En este sentido, la Convención Constitucional propone una orientación más social, menos mercantil de la educación, llamando al Estado a disponer de más atención a su desarrollo y a dar más garantías a las personas para educarse. El artículo 17 establece que: “el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”.

Añade, además, se “deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”. Si estas normas se aprueban con la Nueva Constitución, el paradigma del pasado; dominado por un Estado débil y un mercado fuerte; se desvanecerá, dando oportunidad para que las universidades estatales superen la precariedad a la que han sido sometidas desde 1981, y retomen la conducción del desarrollo social, científico y tecnológico del país.

Esto solo será posible en un clima de participación y de sana convivencia entre estamentos, abandonando el autoritarismo, fortaleciendo la descentralización universitaria, avanzando a una universidad más democrática. Los procesos de renovación de los estatutos orgánicos de varias universidades estatales actualmente en marcha, constituyen el cumplimiento de un antiguo anhelo y un trabajo de años, que hoy vendrá a transformarse en un fundamento interno de estas transformaciones.

Frente a esto, la Universidad de Santiago de Chile podrá apostar a ser una universidad de vanguardia, con visión de futuro, adelantada a su tiempo, creadora de nuevas perspectivas. Una universidad con mirada crítica y propositiva frente a las necesidades de la comuna, la ciudad, del país y del mundo.

Una universidad que impulsa una red internacional de universidades en áreas fundamentales como la sostenibilidad, el cambio climático, la eficiencia energética y la industrialización limpia o 4.0. Una institución comprometida con la agenda legislativa, pero que también fortalece y amplía sus vínculos con la industria en materia de proyectos de desarrollo, emprendimiento, innovación e investigación, y con la empresa, a través de la educación continua.

En definitiva, las actuales transformaciones de Chile y la voluntad política del gobierno son un impulso para que volvamos a comprometernos con las grandes necesidades país, y no solo con lo que nos importa a nosotros.