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Hasta 268 millones de pesos arriesgan productores y vendedores de vino adulterado

Proyecto del Senado busca sancionar con multas millonarias a las producciones que generen daño a la salud, que transgredan la graduación alcohólica o que utilice denominación de origen adulterada.

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  • Diario Usach

  • Miércoles 3 de noviembre de 2021 - 07:32

Directo a la Sala del Senado para su votación fue remitido el proyecto de ley que pretende aumentar drásticamente las multas a quienes adulteren y/o falsifiquen la producción de vinos.

Las indicaciones aprobadas hacen referencia a incrementar las sanciones a distintas faltas no consideradas en la legislación anterior.

Entre los cambios de la ley, se dispuso que la persona que entregue certificados de potabilidad a productos alcohólicos que fueren tóxicos o nocivos para la salud, será sancionado con penas de multa, decomiso de las especies correspondientes y clausura temporal o definitiva del establecimiento donde se produzca el brebaje en cuestión.

Por otra parte, las infracciones gravísimas se sancionarán con multas de hasta 5 mil Unidades Tributarias Mensuales (268 millones de pesos) y estas corresponderán a una serie de situaciones tales como:

  • Los que elaboren o vendan productos falsificados que no sean tóxicos o dañinos para la salud;
  • Los que expendan alcohol etílico sin desnaturalizar a usuarios no inscritos en el registro del SAG;
  • Los que utilicen denominaciones de origen en contra la ley;
  • Los que mantienen en establecimientos de vinificación o de elaboración de vinos no licorosos, melaza, azúcar, glucosa, edulcorantes artificiales o colorantes y que no justifiquen un empleo distinto al de la vinificación; y
  • Los que transgredan las normas de rotulación y los que expendan productos con una graduación alcohólica inferior o superior a la autorizada por la ley o el reglamento.

 Asimismo, las infracciones de carácter grave serán sancionadas con multas que no podrán exceder de 2.500 UTM (132 millones de pesos), y las leves, con multa de 20 (un millón de pesos) hasta un máximo de 1.000 UTM (53 millones de pesos).

Asimismo, se dispone que cualquier persona que sorprenda a otra incurriendo en las conductas descritas o detecte indicios de su realización, podrá poner los hechos en conocimiento del SAG, quien remitirá los antecedentes al Ministerio Público o a los tribunales competentes.

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