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La ministra en visita que investiga el fraude ocurrido al interior del Ejército, Romy Rutherford, sostuvo que los excomandantes en jefe de la institución, Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, se concertaron para delinear un sistema para sustraer gastos reservados de la institución militar luego de que pasaran a retiro.

Rutherford sostuvo su hipótesis en un informe llamado “el recurso de amparo presentado por la defensa de Cheyre”. Recordemos que el procesamiento de este último se basa en la utilización irregular de $128.638.559 que debían ser destinados a labores de inteligencia.

Sin embargo, la defensa del exoficial representada por el abogado Jorge Bofill presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial, cuestionando el procesamiento de la jueza, acusando faltas a la Constitución.

Por esto, la Corte Marcial pidió un informe a la ministra Rutherford para que contestara las alegaciones del general (R), quien se mantiene preso en el batallón de policía militar N° 1 de Peñalolén, para llegar a una determinación del caso.

De esta manera, la jueza desestimó, con un texto de 23 páginas difundido el viernes 28 de octubre, los argumentos expuestos por la defensa de Cheyre, detallando que "existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada".

"La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro. Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe", se lee en el escrito.

En el informe, la jueza desarrolla la hipótesis de la concertación para la comisión del delito de malversación entre el inculpado y el resto de los ex altos mandos procesados. Es decir, atribuye a que tanto Fuente-Alba, Oviedo, Izurieta y el propio Cheyre se organizaron para delinear un sistema para gestionar la entrega de gastos reservados, una vez que pasaran a retiro.

En palabras de la ministra, "se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en la especia en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandante en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados".

En esa misma línea, la jueza agrega que “al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandante en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido”.