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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella interpuesta por el diputado republicano Juan Irarrázaval, en contra del Gobierno que pretende sancionar a quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos, por el proceso de compra de casi 700 mil textos de nueva Constitución.

El abogado fundamenta la acción legal luego de que, a través de una resolución exenta del 21 de julio suscrita por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se aprobó la contratación, impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución, para la repartición de 692.000 ejemplares.

Este escrito apunta específicamente al ministro de la Secretaría General de la República, Giorgio Jackson, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.

"Primero, no había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades. Segundo, no estaban disponibles el día en que se hizo la contratación. Debían reintegrarse y terminaron gastándose en la impresión de los textos", señala el texto.

Luego, explicita que "los fondos eran para la instalación y funcionamiento de la convención constitucional, la que al día 11 de julio, no existía por mandato legal. Y tercero, porque el Ministerio Secretaría General de la Presidencia no tiene como función propia las labores de difusión, lo que excede por largo sus atribuciones".

La acción judicial pide adicionalmente una investigación de los hechos.