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La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los 20 mil decretos de expulsiones sin ejecutar que fueron dadas a conocer por la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la comisión investigadora sobre la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados.

En declaraciones al matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la secretaria de Estado remarcó que en el Ejecutivo “tenemos un plan y hay cosas que ya hemos hecho. Este tema implica reforzar las capacidades del Estado, porque cuando nosotros asumimos ya había 20.000 decretos de expulsiones administrativas pendientes, y a eso se les han ido sumando otros decretos".

También apuntó a la labor diplomática, afirmando que “estamos reforzando las conversaciones con Bolivia y Venezuela, porque en el caso de Perú, hemos logrado hacer los procedimientos para que los migrantes puedan volver a su país de origen”.

“En el caso de Bolivia, a partir de octubre, se propuso un protocolo para ordenar las expulsiones, porque no se había conversado con anterioridad. En el caso de Venezuela, tiene que ver con la entrada de aviones, el permiso para sobrevolar y tener lugares de aterrizajes”, complementó.

Además, la titular de la Segegob recalcó que “nosotros queremos que se faciliten las expulsiones a los narcotraficantes, hemos tenido problemas con la oposición en el Senado en el marco de la agilización de las expulsiones judiciales”.

“Nosotros queremos poder ejecutar lo antes posible la expulsión de narcotraficantes, pero lamentablemente hay una opinión distinta de la oposición“, complementó, detallando que en 2022 se realizaron 19% más expulsiones (1.070) en relación a 2021 (913).

Cabe señalar que el Presidente Gabriel Boric aseguró que cada expulsión cuesta $2.700.000. Entregó la cifra durante su visita a Colchane, uno de los principales pasos de migración irregular en Chile.