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El nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, llegó hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas para referirse al proyecto de reforma de pensiones que lleva adelante el Gobierno en el Congreso, el cual pretende avanzar hacia un sistema previsional con mayor seguridad social.

En esa línea, Mewes tuvo duros reparos contra el 6% extra que pretende implementar la medida, que de convertirse en ley sería progresiva, aumentando 1% cada año.

Así las cosas, llamó a "evaluar el alza del 6%. No olvidemos también que aquí hay un efecto directo en el costo de las empresas, que de alguna manera también tenemos que recoger. Y hablo de reevaluar el alza del 6% de las cotizaciones a la luz del impacto de la PGU".

"Nos parece razonable poder volver a revisar si es que realmente es el 6% lo que se necesita", dijo ante la consulta de los parlamentarios.

El líder de la CPC sostuvo que la pobreza en los adultos mayores se estaría dejando atrás con la Pensión Garantizada Universal (PGU). "Desde el punto de vista de la superación de la pobreza nosotros pensamos que ya el escenario cambió", mencionó.

Y recomendó que para mantener el nivel de ingresos en la jubilación "se debería destinar un mayor porcentaje de la cotización hacia la capitalización individual, las tasas de reemplazo más bajas están en los ingresos medios".

"Creemos que existen beneficios fijos, como el cuidado de la maternidad de los pensionados actuales que podrían financiarse directamente mediante un pilar colectivo, sin necesidad de las cuentas nocionales, y se puede distribuir a medida que se vaya acumulando", agregó.

Asimismo, aseguró que "con la PGU completa, no se justificaría, a nuestro juicio, un 6% de ahorro colectivo. Cuando yo hablaba de revisar un poco el diagnóstico, también tiene que ver con ese 6%, y esto porque la parte de esta cotización irá a la cuenta individual, y pensamos que es mejor el reconocerlo directamente como capitalización individual".

En esa línea, Mewes aseveró que con la reforma de pensiones "vemos riesgos de un sistema monopólico, y en esos riesgos de crear un monopolio estatal en funciones de soporte y gestión de fondos, no vemos garantías en las potenciales ganancias de eficiencia".

Afirmó que "acá también vemos un conflicto de interés en la participación del Estado, que cumpliría todo un rol, de emisor, de inversionista, de regulador y fiscalización, cosa que también va a afectar de alguna manera a la competencia".

"La pregunta que nos hacemos entonces es por qué separar la administración de cuentas y la gestión de las inversiones. Nos parece que no se justificaría la separación de la industria, la competencia por precios nos parece que se resuelve con licitaciones que podrían incluso ampliarse. La mayor competencia también se logra aumentando el número de actores en gestión de inversiones, ya sean públicos y privados", cerró.