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Realizar la práctica profesional puede ser una tarea bastante compleja para los técnicos en enfermería, auxiliares dentales y terapeutas ocupacionales, entre otros. Esto debido a que los estudiantes de carreras del área de la salud deben atender una cierta cantidad de pacientes para aprobar.

La situación se hizo más compleja durante la pandemia, donde muchos no contaban con pacientes necesarios para demostrar sus conocimientos. Esto llevó a un grupo de parlamentarios a presentar un proyecto que busca que sean las universidades las que asuman esa responsabilidad.

La iniciativa fue presentada por los senadores Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana y David Sandoval y ex legislador Claudio Alvarado, que busca regular y poner fin a esta situación.

La norma determina que las instituciones de educación superior que impartan carreras donde hay que hacer evaluación, diagnóstico o tratamiento a una persona, "deberán contar con todos los elementos e infraestructura" para hacerlo.

En esa línea agregan que "no podrán condicionar su aprobación a la obligación del estudiante de convocar a sus respectivos pacientes ni tampoco a la asistencia de éstos últimos a los tratamientos".

La iniciativa busca "prohibir exigencias ajenas al proceso de enseñanza-aprendizaje tales como la obligación de los estudiantes de convocar o reclutar a sus respectivos pacientes, en aquellos casos que se requiera la evaluación, diagnóstico o tratamiento de personas".

Durante la discusión de la iniciativa, los legisladores coincidieron en que "la obtención de un título debe ceñirse únicamente a exigencias objetivas (…) Aquellas prácticas que involucren el diagnóstico, tratamiento o atención de personas, no pueden imponer ni obligar al estudiante a convocar, reclutar y poner a disposición del programa, los respectivos pacientes con el fin de ser evaluados. Tales exigencias se tornan arbitrarias pues no dependen ni de la voluntad o capacidad del estudiante, quedando entregados verdaderamente al azar".

La moción fue derivada a la Comisión de Educación y Cultura, instancia en la que se aprobó de manera unánime en general y particular y ahora pasará a la Sala.