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La Interpol en Santiago solicitó la publicación de una Notificación Roja en contra de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, luego que se conociera su salida del país tras el fallo de la Corte Suprema que confirmaba su prisión efectiva. La ex autoridad fue condenada a 5 años y un día de cárcel por fraude al fisco, sin embargo hoy se supo que tomó un avión rumbo a Países Bajos, ya que no tenía arraigo nacional.

Para conocer más acerca de este caso, Razones Editoriales conversó con el ex fiscal, Carlos Gajardo. “No es menor lo que dictaminó la Corte Suprema, porque sabemos que en Chile son pocos los casos en los que la justicia logra condenar por el delito de fraude al fisco con pena de cárcel. Esto es una buena noticia, porque se establece un estándar para estos delitos. Recordemos que tenemos pendiente a Reginato en Viña, entre otros alcaldes por delitos similares”, señaló el abogado.

Consultado por cómo la ex edil logró salir del país a pesar de estar condenada, Gajardo aclara. “Lo normal sería medidas cautelares que estén acorde con la condena. Prisión preventiva de partida, la imputada estaba sin ninguna medida cautelar, solamente se estableció y luego se retiró la orden de arraigo, pero luego nada. La imputada no tenía ninguna prohibición de salir del país. Eso es grave, y vemos que aún hay un estándar bajo en los delitos de ‘cuello y corbata’. Ahora todos se echan la culpa entre ellos, la Fiscalía debió haber insistido por las medidas cautelares y la PDI debió haber puesto en alerta los aeropuertos para que no saliera del país”, asegura el ex fiscal.

En ese sentido, Gajardo advierte que esto habla mal de nuestro sistema de justicia. “Me da vergüenza ajena pensar que una persona condenada pueda salir del país sin ningún problema. Cuando vemos los casos de Rafael Garay, por ejemplo, debemos hacer que los delitos de ‘cuello y corbata’ sean perseguidos con mayor intensidad”, plantea.

Finalmente, el ex fiscal apunta: “El gran problema que tiene la administración de justicia es esta doble forma de actuar, se inhibe frente a personas que tienen poder. Me temo que salvo el esfuerzo de la Convención Constitucional por reglamentar los nombramientos, no veo otras instancias para mejorar esta situación”.