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Informes y oficios secretos intercambiados por Carabineros, Interior y Cancillería, muestran que el gobierno de Sebastián Piñera gestionó la compra urgente de 20 mil cartuchos de perdigones a dos meses de iniciado el estallido social. En la causa por eventuales crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía analiza esta adquisición porque se hizo cuando La Moneda ya conocía las graves lesiones que provocaba esta munición.

¿Qué antecedentes maneja la fiscalía? Razones Editoriales conversó con el periodista colaborador de Ciper, Mauricio Weibel. “Esto demuestra que a sabiendas de que el uso de perdigones causaba daños oculares severos, el gobierno tomó la decisión de seguir utilizándolos contra la población civil. El 30 de diciembre ya había 270 personas con daño ocular severo, ya existían los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, se estaba elaborando el informe de Naciones Unidas, por tanto estaban todos los reportes y era sabido que el uso de estas armas provocaba daños tremendos a la población civil. Demuestra que había una decisión de seguir como gobierno con el uso de este tipo de armamento”, afirma Weibel.

Más allá del debate en torno si era sistemático o no, el investigador estipula que “ya había información que plantea que esto puede verse como algo generalizado, y eso permitiría afirmar penalmente que había crímenes de lesa humanidad, si se llega a la conclusión en tribunales que esto era generalizado”, asegura.

Este estudio podría ser importante, a juicio del periodista porque “Carabineros sabía desde el año 2012 que el lanzamiento de perdigones a cierta distancia podría causar daños graves que podrían llegar a la muerte. Y casos como el de Fabiola Campillai y de Gustavo Gatica demuestran eso. Con documentos, con hechos, hemos demostrado que existió un número de 188 mil bombas lacrimógenas, cerca de 2 millones de perdigones usados contra población civil. Los tribunales deberán determinar si eso es delito, nosotros cumplimos con poner eso sobre la mesa”, plantea.

Al concluir, Weibel asegura que “esta compra ratifica que si se cometieron violaciones graves a los Derechos Humanos, por qué se compraron más municiones, más suministros de armamento, para que eso siguiera ocurriendo. En la voz de los abogados, eso ratifica la figura de uso generalizado”, revela el investigador.