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La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue condenada este lunes a cuatro años de cárcel, que se suman a otros dos que ya cumple, a raíz de los procesos judiciales impulsados en su contra tras el golpe de Estado militar de febrero.

La nobel de la paz, sobre quien penden además otras acusaciones que todavía se dirimen, fue hallada culpable hoy por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia, informaron a Efe fuentes cercanas al caso.

En dos procesos diferentes, el panel de jueces del tribunal especial habilitado por la junta militar en Naipyidó estimó que Suu Kyi violó la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones por la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales.

En este caso, los jueces decidieron condenar a la acusada a 2 y 1 año de prisión, respectivamente, si bien las penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que solo cumplirá dos años de cárcel.

Suu Kyi también fue condenada hoy a otros 2 años de prisión por saltarse durante un acto electoral para los comicios de noviembre de 2020 las medidas contra la propagación del Covid-19.

Las dos sentencias se suman a otras dos emitidas a principios de diciembre, que sumaban también cuatro años de prisión aunque fueron rebajadas posteriormente a dos por un indulto de la junta militar, por otro delito de vulnerar las restricciones contra el Covid-19 y por el delito de incitación contra los militares.

Suu Kyi, de 76 años, todavía se enfrenta a numerosos procesos puestos en marcha tras ser derrocada durante el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.

La política, quien permanece detenida desde las primeras horas de la toma de poder de los militares y cumple condena en un lugar desconocido, debe aún enfrentarse en Naipyidó a una acusación por presuntamente violar la Ley de Secretos Oficiales, con un máximo de 14 años en la cárcel, por obtener, guardar y compartir documentos con información clasificada.

Y otros seis cargos de corrupción, castigados con hasta 15 años cada uno, por una serie de acusaciones tales como el supuesto uso fraudulento de fondos de una fundación caritativa que ella misma presidía, obtener descuentos en el arrendamiento de tierras o aceptar sobornos de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro.

Los abogados de Suu Kyi indicaron al inicio de los procesos judiciales que su representada niega todas las acusaciones, mientras que desde octubre la junta militar impuso a los letrados la prohibición de hablar con los medios de comunicación.

Por su parte, el subdirector para Asia de la oenegé Human Right Watch, Phil Robertson, opina que Suu Kyi "es una rehén de los militares", mientras estos tratan de controlar el país mediante "la intimidación y la violencia".

"La junta militar todavía ve (a Suu Kyi) como una gran amenaza política que necesita ser neutralizada permanentemente", declara Robertson en un comunicado al calificar de absurdos los cargos contra la lideresa juzgados por un "tribunal afín" a los militares.

"Afortunadamente para ella y para el futuro de Birmania, el movimiento popular birmano ha crecido mucho más allá del liderazgo de una mujer y un partido político", sentencia el activista.

El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Hace un tiempo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó la condena contra Suu Kyi, que lideraba el país con el cargo de consejera de Estado hasta el golpe, y pidió su liberación.

"La condena de la consejera de Estado tras una farsa de juicio en medio de secretismo en un tribunal controlado por los militares ha sido un juicio político", dijo en un comunicado Bachelet, quien aseguró que se trata de una detención arbitraria que también cierra la ventana del diálogo.