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Durante esta jornada, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, rechazó la calificación de preso político para el comunero mapuche, Celestino Córdova, condenado por el caso Luchsinger-MacKay.

La jueza explicó que los beneficios de salida a los que accedió Córdova fueron fijados por Gendarmería y expresó que dicha institución es la que tiene que responder “cuáles son las razones o motivaciones para que una persona en un caso como este reciba los beneficios penitenciarios del caso”.

La autoridad mapuche cumple una pena de 18 años de cárcel por su culpabilidad en el crimen de Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69 años), matrimonio que fue quemado al interior de su hogar la noche del 4 de enero de 2013 en el fundo Granja Lumahue de Vilcún.

Gendarmería le otorgó los beneficios carcelarios de salida dominical a partir del 8 de mayo y salida trimestral a partir de este martes.

Vivanco fue consultada por la polémica que se suscitó políticamente en torno a esas salidas y la denominación de “preso político” que tendría el machi,  ante lo que la vocera señaló: “Celestino Córdova tiene una condena y esa condena no es por delitos de opinión como son las prototípicas situaciones que tienen que ver con los delitos políticos sino con un hecho criminal, es un homicidio y un homicidio en condiciones además muy fuertes, muy duras”.

“Hay que tener presentes dos cosas respecto de los beneficios penitenciarios: uno, que no los da el Poder Judicial y segundo, que los da Gendarmería. En consecuencia, a este respecto Gendarmería tiene que atenerse a su propia reglamentación, a su propia normativa”, indicó.

Vivanco enfatizó que “los delitos políticos se caracterizan por eso, son personas perseguidas por sus ideas, no por sus conductas y justamente por eso se les conceden una serie de beneficios internacionales y se les reconoce como víctimas de un régimen”.