Por Daniela Figueroa Videla
Ayer, el colegio Denham School, en San Bernardo, anunció la suspensión de sus clases a distancia, por no pago de las mensualidades. El establecimiento, obligado a cerrar sus puertas por emergencia sanitaria, anunció que cuentan con un 50% de morosidad en el pago de aranceles. De esta situación, las clases a distancias y los establecimientos particulares, conversó Sin Tacos Ni Corbata con Hernán Herrera, presidente Nacional de la Conacep, Asociación Gremial de Colegios Particulares de Chile.
Herrera explicó que la asociación que preside contempla tanto colegios particulares subvencionados como pagados, por lo tanto, “la situación también es disímil desde la realidad financiera de cada colegio”, señalando que el caso de San Bernardo hoy constituye una excepción. “No conocemos otros establecimientos educacionales que hayan anunciado la suspensión. Sin perjuicio de que los padres no concurran con los pagos van a empezar a generar problemas financieros al interior de los colegios”.
El presidente de la Conacep señaló que “en la mayoría de los colegios particulares pagados y particulares subvencionados con financiamiento compartido, no tienen más margen que unos dos o tres meses en que los apoderados suspendan su pagos en esta proporción del 50%”.
Señaló que del orden del 80% de los gastos son por remuneraciones tanto de docentes como de asistentes de la educación y “que no se pueden suspender, menos en el caso de los colegios particulares subvencionados, que han seguido entregando educación a distancia. No se le puede decir a ese docente que reduzca su remuneración siendo que está cumpliendo con las disposiciones del Mineduc”.
“Nosotros le hemos pedido a nuestros colegios asociados que se focalicen en aquellas familias que han perdido o a que futuro pierdan su fuente laboral (…) pero la verdad es que aquí hay muchos padres y apoderados que han presentado estos recursos judiciales aún cuando han seguido recibiendo su remuneración”
Herrera señaló que como el contrato educacional, que es de carácter anual, es entre dos privados “no pueden ni deben intervenir ni la superintendencia ni el ministerio de Educación.
Agregó que “hay que pedirle a aquellos apoderados que no han perdido su fuente laboral y que puedan pagar, que lo hagan. (Porque) Están atentando contra el colegio que ellos eligieron libremente. Es nos parece que es un abuso porque entendemos que debemos adaptarnos a este escenario de excepción con la educación a distancia”.
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