La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sufrió un duro revés judicial, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento por "inaplicabilidad constitucional" sobre el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en relación a la polémica "cuota de incorporación" que se cobraba a los elencos que subían de Segunda División Profesional a Primera B.
De esta forma, se confirma el dictamen que dio en febrero pasado la Corte Suprema, que consideró el cobro se trataba de una "barrera artificial" para los equipos que pretendían competir en la categoría de plata.
Así, la entidad que preside Pablo Milad deberá pagar una multa de 24.000 UF, cifra cercana a los 2.200 millones de pesos.
Entre los argumentos del TC para ratificar la sentencia, se indica que "el sólo hecho que el apremio esté justificado en el orden público económico frente a vulneraciones contrarias a la libre competencia permite desechar (…) la presunta afectación de la garantía de la igualdad ante la ley".
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