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La bancada de diputadas y diputados del PPD, encabezada por Raúl Soto, ingresó un proyecto de ley que autoriza a las municipalidades para desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado, sea a través de un a de dichas entidades de manera singular, o bien, mediante una asociación o agrupación de municipalidades.

"Fue nuestra Bancada la que en marzo anunció y abrió la fiscalización respecto al mercado del gas, lo que cimentó el camino para la creación de una comisión investigadora que aprobó un informe unánimemente y de forma categórica, donde se señala expresamente que nos hemos formado la convicción que hay elementos de una colusión que deben ser investigados y sancionados con toda la fuerza de la ley, y al mismo tiempo hicimos propuestas en materia regulatoria para generar mayor competencia pública y privada", explicó el diputado Soto.

El parlamentario agregó que "durante estos días se han organizado distintos municipios a lo largo de todo Chile, y han iniciado gestiones directamente con la ENAP y también con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para avanzar en los cumplimientos y requisitos administrativos para poder operativizar el gas popular en nuestro país, que tiene como objeto que los municipios tengan la facultad de ser distribuidores minoristas de gas licuado en nuestro país para obtener un precio justo, y mucho más accesible para los vecinos y vecinas de nuestras comunas".

"Sin embargo, lamentablemente el día de ayer tuvimos un informe de la Contraloría señalando que debe haber una ley orgánica constitucional que expresamente faculte a los municipios para desarrollar esta actividad económica. Nosotros tenemos unas diferencias, al igual que los municipios con esa interpretación, pero la Contraloría es un órgano fiscalizador de todos los entes del Estado que hay que respetar, y en esa línea estamos presentando una ley de quórum calificado”, indico el parlamentario.

La iniciativa faculta a que los municipios del país puedan realizar distribución minorista, transporte y almacenamiento de gas licuado en nuestro país, y que a partir de allí, dichas entidades puedan hacer efectivos los convenios con la ENAP y avanzar en la tramitación y autorización de la Superintendencia para que puedan entrar en la comercialización de dicho producto.