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En prisión preventiva por el delito de secuestro con homicidio quedó el segundo imputado por el crimen del empresario Pedro Carrión, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado y desmembrado en un domicilio de la comuna de Quinteros, tras desaparecer el 3 de enero de 2022.

Se trata de Pablo Solís Castro, quien de acuerdo con la investigación del fiscal (S) José Tomás Abarca actuó coordinado con el otro imputado ya privado de libertad, para matar a la víctima y desmembrar su cuerpo para esconderlo y asegurar así su impunidad.

Según la investigación realizada por la Fiscalía Centro Norte en conjunto con la PDI, la víctima viajó desde Algarrobo con dirección a la comuna de Recoleta, específicamente a su empresa ubicada en calle México 889 para realizar trámites.

En el lugar, lo esperaba Solís junto al otro imputado, José Luis Yáñez Soria, quienes se habían concertado para matar al empresario, por lo que ingresaron previamente al recinto. La planificación de los imputados incluyó efectuar un corte de luz en el recinto, de manera de evitar ser grabados por las cámaras de seguridad de la empresa. Asimismo, habían acordado asfixiarlo para dejar la menor cantidad de huellas posible.

De acuerdo a lo planificado por los imputados, cuando la víctima llegó al lugar lo abordaron y cubrieron su cabeza con una bolsa plástica. Semiinconsciente, lo llevaron contra su voluntad hasta la carnicería del imputado Yáñez Soria, ubicada en la comuna de El Bosque, donde procedieron a golpearlo en distintas partes del cuerpo y a asfixiarlo hasta provocarle la muerte por sofocación. Una vez fallecido fue desmembrado con sierras de la carnicería.

Dos días más tarde, por instrucción de Yáñez, Solís trasladó los restos humanos hasta la comuna de Quinteros, enterrándolos en un recinto de propiedad de su hermana para asegurarse de no ser descubiertos.

Durante la audiencia, el fiscal (s) José Tomás Abarca afirmó que los hechos son constitutivos del delito de secuestro con homicidio, y solicitó la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La magistrada del 3er Juzgado de Garantía Paula Brito acogió la solicitud y decretó la medida cautelar privativa de libertad.