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En la actualidad, Chile se encuentra en un complejo momento respecto a la política migratoria. Los casos conocidos de ingreso por paso no habilitado (IPNH) han ido en progresivo aumento; el año 2019 se registraron 8.489 casos, el año 2020 escaló a 16.848 casos y el 2021 fueron 56.586. En 2022 esta tendencia se mantuvo con cifras similares. 

Debido a eso, el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana entregó una propuesta que permite comprender que la migración es un tema de agenda pública y que su alcance no solo es a nivel nacional.

“La idea es avanzar hacia un modelo de gestión de la migración basado en la corresponsabilidad y la solidaridad, que permita movilizar a la sociedad civil  y la institucionalidad de los Estados en el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos humanos. Es mover la mirada desde la frontera a los seres humanos involucrados en cada situación”, sostuvo Daisy Margarit, académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach y parte de este Observatorio. 

Dentro de las propuestas, está el perfeccionamiento de mecanismos de las facultades administrativas de aquellos funcionarios responsables de administrar la protección internacional, abarcando la recepción y procesamiento de solicitudes de refugio (Ley 20.430), así como de visas humanitarias y protección complementaria de la Ley 21.325. 

También, avanzar en la garantía de acceso a asesoría y representación legal gratuita en todas las instancias del proceso a las personas solicitantes de asilo o protección internacional. Y finalmente, la creación de tribunales de instancia especializados, orientados a brindar una tutela judicial o cuasi judicial para controlar la discrecionalidad de la administración en materia migratoria, evitando, así, eventuales conductas arbitrarias por parte de la autoridad sectorial. 

“Este documento de política espera constituir un aporte para la profundización en el conocimiento del fenómeno de la migración y movilidad humana. También, en concordancia con el propósito que nos planteamos como Observatorio, se espera poder incidir en las políticas públicas que impactan en el reconocimiento de los migrantes. Por ello, buscamos, con este aporte, fortalecer el intercambio de miradas y enfoques entre la sociedad civil y la institucionalidad del Estado”, afirmó la especialista.