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El Gobierno chileno lanzó este martes un plan de 5,7 millones de dólares para restaurar antes de 2023 un millón de hectáreas de zonas vulnerables a la crisis climática con alto valor natural y paisajístico.

"Enfrentamos una triple crisis ambiental: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, y con la puesta en marcha de este plan estamos avanzando en compromisos del gobierno", aseguró durante la presentación la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Lanzado en conjunto con los ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, el plan busca mitigar y revertir el fenómeno de pérdida de biodiversidad que se está dando en diferentes regiones de Chile a consecuencia de la crisis climática.

El proyecto se centrará especialmente en la zona central, desde la región de Coquimbo (400 kilómetros al norte de la capital) hasta el Biobío (500 km al sur).

"Los incendios de 2017 significaron la pérdida de 700.000 hectáreas que se perdieron, de plantaciones y de bosques nativos, y este proyecto de restauración surge de ellas", expresó por su parte el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

El llamado Plan Nacional de Restauración de Paisajes contará con la financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), un fondo mundial impulsado por Naciones Unidas y numerosos agentes internacionales, con el apoyo de decenas de países.

Chile es uno de los países más vulnerables a la crisis climática y el país con mayores problemas hídricos de todo el hemisferio occidental, con una sequía que dura ya más de 13 años.

El 76 % de su territorio está afectado por la falta de agua, en parte por la escasez de lluvias, pero también debido al modelo de gestión de agua, no considerado como un bien público y no priorizado para consumo humano, según sostienen organizaciones ambientales como Greenpeace.

Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que hoy en día el 80 % de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía, de acuerdo a la ONG.