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 Según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile realizado por la Universidad Diego Portales revela que las medidas aplicadas por el Estado por la violencia en la Macrozona Sur “no cumplen con estándares internacionales”.

El estudio que será dado a conocer en detalle este lunes, pero que La Tercera ya dio a conocer en parte, señala que el Estado “está incumpliendo con los estándares internacionales en derechos humanos” al querer hacer frente al recrudecimiento de los hechos de delincuencia que se registran en dicho territorio.

Cristóbal Carmona, académico de la Facultad de Derecho de la UDP y uno de los autores del informe, manifestó que “el Estado está obligado a adoptar medidas con el fin de resguardar el orden y la seguridad pública, ya sea mediante la prevención del delito, el uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, también la declaración de estados de excepción constitucional”.

Pero aclaró que los allanamientos policiales a comunidades mapuche, la utilización de legislación antiterrorista y las declaraciones de estado de emergencia no se están realizando de manera adecuada.

De acuerdo al estudio, los hechos delictivos y la violencia empleada han aumentado. Por ejemplo, los delitos contra las personas y la propiedad crecieron de 364 en 2017 a 1.616 en 2021. En el caso de los delitos de incendio, pasaron de 87 a 371 en el mismo periodo y las usurpaciones de 30 a 259. Además, entre enero y el 4 de junio de este año el número de personas fallecidas en actos asociados a “violencia rural”, ascendía a 9 y hubo 14 personas heridas, cifras que son superiores a años anteriores. También hubo un alza en delitos por la ley de drogas y ley de armas.

En el caso de los allanamientos en comunidades, UDP indica que Carabineros no cuenta con un protocolo específico que regule los procedimientos. Esto ha incidido en que “el uso de la fuerza en el contexto de allanamientos a comunidades indígenas no ha cumplido, en muchos casos, con los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad dispuestos en el derecho internacional de los derechos humanos”.

Sobre el uso de la Ley Antiterrorista, “su utilización en las causas tramitadas durante el período 2017-2022 supuso una vulneración de diversos estándares del derecho internacional en derechos humanos”. Aunque en la actualidad la Fiscalía no está invocando dicha ley, el informe afirma que “el escenario de violencia actual descrito tampoco justificaría un futuro y eventual uso de dicha Ley. La razón es que distintas características sustantivas y procesales de esta legislación contradicen una serie de estándares internacionales en la materia”.

 La UDP agrega que la norma sería “amplia, vaga, imprecisa y no diferencia con otros tipos penales” y que entrega al fiscal “ventajas procesales” que estarían reñidas con los estándares internacionales, como son los “testigos protegidos, el amplio tiempo en que la investigación puede permanecer secreta y el uso desproporcionado de la prisión preventiva”.

Carmona sostuvo que el estado de emergencia declarado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2021, “considerando la situación del aumento de la violencia en los últimos años en la Macrozona Sur, por la amplitud del despliegue efectuado por las Fuerzas Armadas durante seis meses, sería difícil considerar su declaración como proporcional en sentido estricto”.

Mientras que la firmada por el Mandatario Gabriel Boric, “sus motivaciones se centran en la situación de orden público de la Macrozona Sur, involucran el libre tránsito a propósito de los paros de camioneros y el despliegue de las Fuerzas Armadas se acota a las rutas, por lo tanto, pareciera ser plausible argumentar que sería una medida de proporcionalidad, al menos en lo que se refiere a Arauco, Malleco y Cautín”.

Pero, “las sucesivas prórrogas que ha experimentado este estado de excepción constitucional empiezan a erosionar su carácter excepcional”, aseguró.

El informe recomienda que “el Estado debe abordar las causas sociales, políticas e históricas de dicha violencia”, para lo cual debe desarrollar un sistema de inteligencia que permita prever y perseguir responsabilidades por las diversas situaciones de violencia que se viven en la zona.

También sugiere actualizar los protocolos de uso de la fuerza aplicables a los procedimientos policiales en comunidades indígenas, “de manera que sean sensibles y respondan a las particularidades propias de la cultura mapuche” y modificar la Ley Antiterrorista para que responda a los estándares de derechos humanos.