Según cifras entregadas por el Consejo de Defensa del Estado, durante un seminario, el 52,17% de las municipalidades del país está vinculado a alguna investigación penal, por delitos relacionados con la probidad. Al respecto, la abogada Valeria Lübbert señaló: “No es que hoy se cometa más corrupción, sino que ahora tenemos la posibilidad de conocerlos”.
“En el último año hemos visto que con el fin de la reelección y el cambio de alcaldes o coaliciones en los municipios implicó una mayor posibilidad de investigar y levantar denuncias ya que antes no era posible por las redes de clientelismo o sistemas para ocultar información”, planteó la directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público.
La experta destacó que el trabajo fiscalizador de la Contraloría y el Ministerio Público “están siendo efectivos al crear unidades con especialistas en la persecución de estos delitos”. Y considera que “las condenas son altas, pero deberían implicar una inhabilidad para ocupar cargos públicos de forma permanente por el daño a la institucionalidad”.
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