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(Foto: Agencia Uno)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en favor de los y las profesores, determinando que el Estado de Chile es responsable “por no cumplir con la debida diligencia” para el reconocimiento del pago de la denominada “deuda histórica”, esto por asignaciones que quedaron impagas en el proceso de municipalización impuesto en Dictadura, dejando a 846 profesionales afectados y movilizándose desde 1981 en adelante.

“Después de 16 años de tramitación, se logra esta sentencia que es histórica a nivel nacional e internacional, después de una batalla judicial ardua y compleja donde el Estado de Chile dilató, obstruyó y se negó a cumplir con una obligación que hoy día todos tenemos claro que existe”, afirmó uno de los abogados que presentaron el caso a la CIDH, Ciro Colombara, representando a 846 profesores.

Colombara recordó que “durante los sucesivos gobiernos, ninguno de los presidentes o presidentas tuvo un compromiso real con el cumplimiento de la deuda histórica, ni tampoco ninguno de los ministros sectoriales de educación”, y que “la sentencia establece un plazo de 3 años, para que a través de tres pagos anuales como máximo, el Estado de Chile cumpla con reparar a las víctimas pagando las sumas de dinero adeudadas”, aunque buscarán que sea en el menor plazo posible.

En la actualidad, el 20% de los profesores demandantes han muerto y la suma asciende a los 4 millones 250 mil dólares por concepto de daño moral para todas víctimas (o sus herederos), y una suma cercana a los 84 millones de dólares por concepto de daños materiales y directos. El abogado recalcó que “es obligatorio para Chile pagar y hacerlo dentro del plazo que señaló la sentencia de la CIDH. Y no tengo dudas, más allá del signo político del futuro gobierno, que esta sentencia se va a cumplir”.

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