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Este 8 de marzo se cumplen 4 meses desde que se le perdió el rastro a Julia Chuñil, la defensora ambiental mapuche desaparecida en Máfil, región de Los Ríos, en circunstancias sospechosas y tras recibir múltiples amenazas.

La activista de 72 años fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, cuando salió a buscar a sus animales en un cerro cercano a su vivienda acompañada de su perro Cholito.

La familia de la presidenta de la comunidad mapuche Putreguel no descansa en su búsqueda e incluso solicitó una reunión con el Presidente Gabriel Boric para exigir mayores esfuerzos en su búsqueda.

Los seres queridos de Chuñil apuntan como principal sospechoso al empresario forestal Juan Carlos Morstadt, con quien Chuñil tenía disputas territoriales.

MOLESTIA POR FILTRACIÓN A LA PRENSA

Desde la familia de la defensora ambiental mapuche existe molestia por las constantes filtraciones de información de la investigación a la prensa. Así lo expresó su hijo, Pablo San Martín Chuñil.

“La carpeta investigativa se abría el 20 de enero, de ahí nos pidieron 40 días más de reserva, que correspondía al 3 de marzo y ahora el fiscal se va de vacaciones, deja a un encargado y le hace un informe a la abogada que de 15 a 20 días va a haber una respuesta, eso nos deja con una gran inquietud con respecto a esta investigación”, señaló. 

No es lo único que les causó indignación. Hace unos días se informó que Carabineros encontró un rastro de sangre en la casa de la dirigente, la cual fue analizada por el Laboratorio de Criminalística y coincidió con su material genético. Este hallazgo ha llevado a los fiscales a centrar su atención en su círculo familiar.

Además, la fiscalía ha realizado allanamientos en la casa de Chuñil y planea inspeccionar el terreno con georradares para descartar que su cuerpo esté enterrado allí.

Pablo San Martín Chuñil, hijo de la dirigente, ha criticado el actuar de la Fiscalía, argumentando que “desde el inicio han intentado incriminar a la familia sin pruebas concluyentes. Según él, “la sangre encontrada podría pertenecer a cualquier persona que haya estado en la casa, e incluso a un animal faenado, como es común en zonas rurales”.

La fundación Escazú Ahora, que asesora legalmente a la familia, ha presentado un recurso de queja contra la Fiscalía por impedir el acceso a la información del caso. Denuncian que la investigación se ha mantenido en secreto y que han trabajado sin conocer los avances de las diligencias.