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Parlamentarios UDI recurrieron a Contraloría para que investigue la legalidad de los decretos de indultos otorgados por el Presidente Boric. Dicen que en al menos dos de ellos hay un “vicio de legalidad”, mientras que la vocera de gobierno Camila Vallejo señaló que “la legalidad no está en cuestión”.  Sin Tacos Ni Corbata conversó con el abogado y académico de la Facultad de Derecho Usach, Luis Bobadilla, sobre el modo en que opera el indulto presidencial.

El abogado comentó que estos indultos “en términos políticos fueron una muy mala jugada con un mal timing sobre todo cuando tenías a la ministra del Interior negociando una mesa de seguridad con la oposición. Esto revela una mala coordinación entre los ministerios y de lealtades políticas”

“Y esto va en contra del sentido común porque el Presidente indultó a personas con un amplio prontuario delictual” agregó.

Bobadilla explicó que: “Hay una razón por la que la Contraloría no puede intervenir y es que la firma del decreto el Presidente la delegó en la ministra de Justicia, entonces no es un trámite afecto a toma de razón que es el control de legalidad que hace Contraloría”.

Respecto a los requisitos sostuvo que el indulto particular, es decir, para personas con nombre y apellido, que es una facultad de la o el Presidente de la República, contempla varios requisitos, entre ellos que se haya cumplido al menos la mitad de la condena, siendo no  aplicables a personas que hubiesen cometidos hechos terroristas y sido indultados anteriormente.

 Sobre si se pueden o no revocar los indultos, sobre todo en el caso de Jorge Mateluna y Luis Castillo, el abogado constitucionalista sostuvo que “es la gran pregunta y un debate campal entre abogados administrativistas y constitucionalistas” y el tema de la legalidad le compete a los tribunales de justicia defirnirla.

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