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Por Daniela Figueroa Videla

Rechazo provocó en la oposición, el veto que otorgó el Gobierno al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos, durante la pandemia. De esto quiso conversar Estación Central con la diputada y vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez.

La parlamentaria explicó que este veto es supresivo y modificatorio. Dentro de las modificaciones genera un mínimo de consumo de 15 metros cúbicos, “pero no se puede condicionar el consumo a las familias”. Dentro de los supresivo, dijo que “elimina el artículo más importante que no permite traspasar ningún costo adicional, con intereses y multas, por la postergación del pago. Pérez dijo además que el veto suprime el plan de conectividad digital solidaria, iniciativa de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

A su juicio y de muchos parlamentarios, el veto “busca defender a las empresas, a las sanitarias, a las generadores y administradores y no a las personas”. La diputada DC dijo que si bien las empresas pueden tener gastos asociados a este no pago, el gobierno busca una compensación para ellas mediante los intereses y multas a cobrar a las familias. “En esta pandemia, las familias no pueden pagar los costos. Son acuerdos con los amigos del gobierno, las empresas (...) yo prefiero incomodar a cualquier empresa que abusar de las familias” sostuvo Joanna Pérez.

“El proyecto en general dice que a nadie se le puede cortar los (cinco) servicios por no pago durante la pandemia y el gobierno prescinde de su discurso y qué decir de los parlamentarios de derecha”. La ley se presentó en marzo y “nos hemos demorado más de tres meses en sacarla y es ampliamente respaldada, incluso por los alcaldes oficialistas”.

Sobre la supuesta inconstitucionalidad argumentada por el Ejecutivo, Joanna Pérez sostuvo “no es inconstitucional porque no es gratuitad”, el pago se va a prorratear hasta en 12 meses.

Respeto a lo que viene, señaló que “no basta con rechazar el veto, se necesita una herramienta que se llama insistencia pero requiere de 2/3 de la cámara (…) Y el gobierno va a poner toda su presión sobre los parlamentarios oficialistas”.

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