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Por Daniela Figueroa V.

A sólo semanas de que se cumplan 10 años del incendio en la cárcel de San Miguel, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago dictó un histórico fallo en que se ordena al Estado a pagar una indemnización de cerca de 3 mil 800 millones de pesos, por el daño moral a las familias de reos que fallecidos. Sin Tacos Ni Corbata conversó con el abogado de los familiares, Carlos Quezada quien sostuvo que no duda en que el Consejo de Defensa del Estado apele “lo que puede dilatar el proceso de 2 a 5 años más”.

El abogado dijo que el fallo “da razón a lo que siempre se dijo respecto de que había una falta de servicio del Estado, y que esta falta iba a costar mil millones de pesos al Estado de Chile a nivel de indemnizaciones”.

Además, sostuvo, “pone en tela de juicio el sistema procesal civil ya que no es posible que un procedimiento de estas características tarde 10 años para la primera instancia”. Planteó que la reparación, en este caso económica, llega tarde. Por eso señaló que urge una reforma al sistema civil que permita un mejor acceso de las personas a la justicia.

Sobre el fallo penal comentó que éste “se dedica a señalar lo que hace el fallo civil donde aquí hubo falta de servicio del Estado y las personas que debieron ser llevadas a juicio no correspondían a los imputados, sino que correspondía a la superioridad de Gendarmería, incluso al Ministerio de Justicia”.

Carlos Quezada comentó que en el juicio penal “se incurrieron en errores más o menos importantes, del que da cuenta la sentencia, ya que se acusó a las personas que se encontraban más cercanas al momento de ocurrir el incendio, según escalafón jerárquico pero nunca se llegó a los grados altos de gendarmería que son los que, en definitiva, dispusieron de una política de indolencia e ignorancia respecto a los problemas reales que existían en la cárcel de San Miguel. Ellos sabían que iba ocurrir esa situación y ocurrió.”