Columna de Opinión

Cada Día Internacional de la Mujeres, el debate sobre la violencia de género se intensifica, y con razón. A nivel global y regional, asistimos a un preocupante resurgimiento de movimientos ultraconservadores que amenazan derechos conquistados por mujeres y diversidades sexogenéricas, impactando en su autonomía y seguridad. Un ejemplo es la restricción de los derechos reproductivos en varios países, el anuncio de la eliminación del término feminicidio en Argentina y medidas transfóbicas y discriminatorias en Estados Unidos. La violencia de género y en particular la violencia sexual, lejos de disminuir, sigue siendo una realidad estructural, cotidiana y transversal, con cifras alarmantes en Chile y el mundo.

En este escenario, la educación pública emerge como una herramienta clave para la transformación social. Las universidades, especialmente las públicas, no solo forman profesionales, sino que también generan conocimiento, promueven el pensamiento crítico y son espacios de incidencia política y social. La lucha por una educación no sexista, visibilizada con fuerza durante el "Mayo Feminista" de 2018, puso sobre la mesa la necesidad de protocolos contra la violencia de género y la transversalización de la perspectiva de género en la enseñanza, la investigación y en general todo el quehacer universitario.

Las universidades tienen el potencial de cuestionar y desmontar estructuras patriarcales, promoviendo la igualdad de género. Sin embargo, esto requiere tensionar el modelo hegemónico y las prácticas educativas que reproducen la cultura y la estructura social, a través de la deconstrucción de saberes y conocimientos instaurados desde la cultura dominante y construyendo nuevos saberes y conocimientos en pro de una epistemología emergente y arraigada a la transformación social en términos de justicia, diversidad e igualdad.  Son necesarios también compromisos concretos como la implementación efectiva de normativas contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género y el diseño de políticas corresponsabilidad social de los cuidados. La crisis global de los cuidados evidencia que, sin una redistribución equitativa de las tareas de cuidado en la sociedad, las mujeres seguirán enfrentando barreras en su desarrollo y permanencia académica y profesional.

En este sentido, iniciativas como la Mesa de Cuidados y Corresponsabilidad Usach, representan avances hacia una nueva organización social de los cuidados que se materializará en una Política de Corresponsabilidad Social de los Cuidados, paso clave para garantizar que el derecho a los cuidados, a la vez que a estudiar y trabajar en igualdad de oportunidades sea una realidad efectiva.

El desafío es enorme, pero ineludible. La educación pública debe ser un espacio libre de violencia y discriminación, donde todas las personas, sin distinción de género, puedan desarrollar sus trayectorias sin barreras estructurales. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde la participación plena de mujeres y diversidades no sea una aspiración, sino una garantía.