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El proyecto para “ampliar hipótesis de expulsión como pena sustitutiva” que permitiría a condenados inmigrantes por algunos delitos a la Ley de Drogas ser expulsados del país en ciertas condiciones como pena sustitutiva, fue aprobado este martes en su primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa plantea que las personas, tras cumplir una parte de la condena en prisión en nuestro país, podría acceder a la opción de ser expulsado de Chile, hecho que también ayudaría a bajar la presión y la población de los recintos penitenciarios.

El proyecto es impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, tiene suma urgencia y recibió el apoyo de 82 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, siendo respaldada por parlamentarios de distinto sectores, a excepción de la UDI, PDG, Partido Republicano y Evópoli.

Marcela Ríos, ministra de Justicia, aclaró que “hoy día existe la posibilidad de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido todos los otros delitos. La Ley de Migraciones aprobada el año pasado solo introdujo una excepción respecto de delitos involucrados en la Ley 20.000. Lo que estamos haciendo acá es revertir una excepción que afecta los delitos involucrados en la Ley 20.000. Por lo tanto, se mantiene vigente la regulación respecto de la posibilidad de expulsar judicialmente a quienes cometieron delitos en el marco de otras sanciones”.

La diputada Flor Weisse (UDI), quien rechazó la iniciativa, calificó el proyecto como un “beneficio” para los traficantes extranjeros y agregó que “este proyecto en su visión general yerra en la forma de hacer frente a un peligro mucho mayor, que es el hacinamiento carcelario. Si bien es una situación que hay que abordar, el narcotráfico y el crimen organizado son delitos muchos más graves, las penas deben ser efectivas. Ningún delincuente del narcotráfico debe estar fuera de la cárcel”.

Sin embargo, el parlamentario Raúl Leiva (PS), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, señaló que con esto se busca “hacerse cargo de una realidad. Las cárceles del norte del país no mantienen detenidos o privados en libertad a aquellos grandes narcotraficantes, sino muchas veces a mujeres bolivianas que hacen de burreras para traer droga al país. Lo que pretende solucionar esta normativa es que aquellas personas que han cumplido 1/3 de su condena, han tenido buena conducta y han sido condenados por ciertos delitos del microtráfico, puedan acceder a ser expulsados”.

A su vez, se renovó la indicación del diputado republicano Cristián Araya, que establece que “el extranjero que hubiere obtenido el beneficio de expulsión y hubiera hecho reingreso al país, antes del transcurso del plazo de diez años, dispuesto en el artículo 33 bis de esta ley, cometerá el delito de desobediencia a la autoridad en grado de calificado y será condenado a la pena de presidio mayor en su grado máximo”. La idea tuvo 96 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, sin tener el apoyo de diputados del PS, Apruebo Dignidad y algunos independientes.