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Caso convenios: Subsecretaria y Seremi de vivienda fueron pesquisadas por acuerdos con ONGs

La diligencia fue encabezada por el fiscal Marcelo Carrasco. Entre las instituciones investigadas aparecen las fundaciones Enred, Posible Otro Chile y Enlace Urbano.

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  • Diario Usach

  • Jueves 7 de diciembre de 2023 - 17:32

Este jueves, el fiscal Marcelo Carrasco, integrante de la Fiscalía Alta Complejidad Centro Norte inició pesquisas por presuntas irregularidades en las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Vivienda y de la Seremi de la misma cartera, esto por su relación por el traspaso de dinero a fundaciones sin fines de lucro

Entre las organizaciones pesquisadas aparecen Un Techo Para Chile, Fundación Posible Otro Chile, Fundación Aldea, Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje, Fundación EnRed, Enlace Urbano, y Espacio Lúdico.

En términos generales, los informes emanados desde la Contraloría General de la República -y que se elaboraron tras dos auditorías -se indica que la gestión de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana presenta falencias en convenios celebrados con seis organizaciones privadas por una cifra que alcanza los $1.822.515.316

Además, en las auditorías se indican deficiencias administrativas y faltas de control que podrían ser constitutivos de delito.

Tras la revisión de los antecedentes, el fiscal Carrasco deberá definir las diligencias a realizar, como a su vez, ampliar la investigación a los convenios que suscribió la Gobernación Regional Metropolitana.

En lo que respecta a la Subsecretaría de Vivienda, se indica la falta de manuales de procedimientos para la regulación del proceso de asignaciones directas en los Programas de Asentamientos Precarios y de Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.

Por otro lado, se estableció que el estamento tuvo problemas en la aplicación de controles eficaces que permitan saber si los dineros se ejecutaron de manera correcta.

Y en lo que respecta a los tratos suscritos por la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, la Contraloría estableció la carencia de actos administrativos que acrediten documentalmente su existencia.

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