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Esta mañana comenzó la maratónica sesión destinada a la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el Senado.

Respondiendo a los argumentos acusatorios, el abogado del Presidente, Jorge Gálvez aseguró que existe "la intención de distorsionar los hechos". “El proyecto Dominga es un esfuerzo de un grupo de empresarios donde hay varios inversionistas pasivos, entre los cuales estaba la familia Piñera Morel. Ellos no eran los dueños, ellos no vendieron nada”, hizo ver.

El jurista continuó indicando que “al Presidente no solo lo ampara la presunción de inocencia sino que goza de una inocencia jurídicamente establecida, se requieren pruebas de culpabilidad, no como se ha dicho acá. Una investigación del Ministerio Público indica que los hechos que se le imputan no son efectivos. Destituir al presidente de la República es ir en contra de la voluntad democrática que lo eligió en las urnas”.

En cuanto a la acusación en sí misma, Gálvez aseguró que “parte de ella se dedica a hacer una crítica a la trayectoria personal y política del presidente (…) Se nos plantea una falsa disyuntiva (o se hace un juicio político o uno jurídico). El juzgamiento de este tipo es mixto. Esto tiene como sanción 5 años de inhabilidad, así que no puede haber una sanción punitiva en base solo a juicios políticos”.

“Respecto a los capítulos acusatorios, se habla de los atentados a la probidad y el medio ambiente. Esto sería para favorecer al proyecto Dominga. Luego se hace referencia del incumpliendo de tratados internacionales. En una comisión investigadora de la Cámara Baja, la ministra de Medio Ambiente explicó por qué el presidente consideró inconveniente firmar el acuerdo de Escazú, esto no es algo personal”, insistió.

Réplica y dúplica 

Durante la réplica, el diputado Leonardo Soto aclaró que el propio director del SII indicó que no se puede asegurar que se hayan pagado impuestos y sobre la alusión a un juicio político, el legislador aludió a la carpeta investigativa desde la Fiscalía por “hechos que podrían ser constitutivos de crímenes”.

En esta misma línea, el diputado Gabriel Silber agregó que el presidente tiene la condición de imputado por cohecho, corrupción o soborno. “Por más que una mentira se repita hasta el cansancio, no se transforma en verdad (…) Lo más importante es dar una señal política”.

Por último, la diputada Gael Yeomans refutó las afirmaciones de la defensa sobre la calidad de socios minoritarios de la familia Piñera Morel y argumentó sobre una acusación jurídico político y la prescripción de los hechos.

Luego el abogado Gálvez respondió indicando que “no se puede imponer un castigo sin pruebas y acá no he escuchado ninguna. No se ha demostrado que no se ha pagado impuestos, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que no hay elusión ni evasión, existe una ignorancia y error manifiesto en materia impositiva en este libelo”.

Asimismo el jurista relató cómo se dio la aprobación técnica del proyecto Dominga en el marco del funcionamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad fundamentando que "no existió por parte del presidente la omisión de la zona de protección ambiental en un área marina costera como se ha planteado".

Agregó que "en cuanto a la no firma del tratado de Escazú, no existe omisión en esto, porque el presidente no tiene la obligación de firmar estas materias. No hay violación de obligaciones internacionales porque para que estos instrumentos sean efectivos, debe cerrarse un proceso en el que participa el Congreso", concluyó.