Actualidad

La Ley N° 21.172, promulgada hace más de cuatro años, busca regular el tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas, estableciendo sanciones a empresas que no retiren estos cables en desuso. Sin embargo, a pesar de estar en vigor, la ley no se ha implementado debido a la falta de reglamentación por parte de la Subtel.

Según publicó El Mercurio, Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, expresó su preocupación por la situación producto de "la falta de reglamento de la Subtel ha impedido la puesta en marcha de la legislación, y no todos los municipios cuentan con los recursos para sacar la denominada 'basura aérea'".

De acuerdo a datos obtenidos vía Transparencia, entre 2019 y 2023 se registraron 1.332 denuncias a nivel nacional, lo que evidencia un problema persistente. Además, entre 2016 y 2022 se retiraron 1.542.158 metros de cables, pero la falta de aplicación de la ley deja en evidencia que la normativa no está surtiendo el efecto deseado.

La pasada administración de la Subtel llevó a cabo una consulta pública y elaboró el reglamento necesario, pero este aún no se ha aprobado y aplicado. En palabras de Rincón "está pendiente el reglamento para poner la ley en práctica".

La falta de reglamentación dejó a los municipios como responsables del retiro de los cables, una tarea que realizan con recursos dispares y despliegue insuficiente. Cristian Olivares, subdirector de Construcciones de la Municipalidad de Concepción, comentó: "Trabajamos en conjunto con todas las empresas de telecomunicaciones que prestan servicio en la comuna, pero está pendiente el reglamento para poner la ley en práctica".

En diversas ciudades, como Antofagasta y Valparaíso, la "basura aérea" es un problema evidente. Elena Martínez, presidenta de la junta de vecinos del sector de la avenida Brasil en Antofagasta, describe la situación: "Hay sectores donde los colgajos de cables caen incluso a la altura de los niños. Incluso los postes están inclinados. Además de contaminación visual, hay peligro".

Boris Kúleba, dirigente vecinal del cerro San Juan de Dios en Valparaíso, añade: "Es bastante contrastante ver edificios que son históricos, que están a muy mal traer y muchas veces ni siquiera los turistas pueden verlos ni fotografiarlos por la cantidad de cables que los están cubriendo".

Jaime González, residente del sector de Padre Hurtado con Kennedy en Las Condes, señala la falta de interés de las empresas en retirar los cables en desuso: "Acá vienen siempre a instalar, nunca a retirar. Los postes están cada vez más llenos de cables y ahora de cajas".

La Municipalidad de Ñuñoa aprobó una ordenanza en octubre para regular el cableado en desuso. El alcalde Emeterio Carrillo lamenta la falta de respuesta de las empresas telefónicas: "Intentamos con las empresas telefónicas buscar una solución al problema, pero desgraciadamente, solo dos de las siete que asistieron a una reunión acogieron la solicitud e intentaron hacer algo".

Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones entre 2018 y 2021, destaca la falta de fiscalización efectiva y la escasez de recursos en los municipios: "Existe una falta de fiscalización efectiva y de aplicación real de sanciones por parte de la Subtel. (...) Pero a esto se suma una deficiencia crucial: la falta de reglamento de la Subtel que opere y ponga en marcha los mecanismos que establece la ley".

En respuesta a las críticas, la Subtel comunicó que "la Contraloría rechazó el reglamento elaborado por la administración pasada" y que actualmente están trabajando junto a la Contraloría en indicaciones para tener el reglamento necesario que haga aplicable la ley. La situación deja en evidencia la urgencia de resolver este problema que afecta a diversas comunidades a lo largo del país.