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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, expuso ante la comisión que está investigando el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del caso convenios y solicitó una sesión secreta, ya que aseguró que tiene información que no puede dar públicamente.

"Estamos ante una situación muy grave, porque se trata de plata de los campamentos, quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones, por las características de la exposición, quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta porque tengo información que no puedo entregar públicamente", solicitó Montes.

Una vez que terminó su presentación se le solicitó a asesores y otros presentes abandonar la sala y se interrumpió la transmisión online de la sesión. Solo participaron los diputados, el ministro y parte de su equipo.

La sesión se mantuvo en secreto y duró 40 minutos y al volver a abrirse, el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN) reiteró que lo conversado "va a quedar en secreto".

El ministro de Vivienda detalló que desde que estalló el caso convenios, con el traspaso de recursos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, se han tomado una serie de medidas para enfrentar este y otros casos.

Primero, el 16 de junio se le solicitó al exseremi de Antofagasta poner su cargo a disposición por conflicto de interés; se creó la Comisión Investigadora Ministerial; se instruyó un sumario administrativo en la Región de Antofagasta; se instruyó no firmar nuevos convenios bajo el modelo actual; el Presidente Boric solicitó renuncia a exsubsecretaria Tatiana Rojas, entre otras acciones.

“Las principales irregularidades presentes son el conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; la contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremi y/o Serviu para realizar labores de línea de dichos servicios”, sostuvo Montes.

“El posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios; el riesgo de fraccionamiento de los convenios; y finalmente, no dar cumplimiento a modelo de rendiciones establecido en la resolución N°30 de la Contraloría General de la República”, agregó.

También indicó que una serie de faltas administrativas como rendiciones atrasadas, convenios vencidos con actividades pendientes y sin restitución de recursos han detectado.

La investigación interna del Minvu identificó siete fundaciones con posibles irregularidades: Democracia Viva, en la Región de Antofagasta, con posible conflicto de interés y contratación de personal para funciones propias de la Seremi y Serviu; Arquiduc.

En la Región de O’Higgins, con un posible desvío de recursos entre fundaciones y proveedores. En Red, en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Ñuble, donde se detectó un posible conflicto de interés y desvío de recursos entre fundaciones y proveedores.

Además, en la Fundación Urbanismo Social en la Región del Maule se identificó un posible conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; en Enlace urbano, en la Región de Tarapacá, altos costos; en Acción Digital.

En la Región de los Lagos, se detectó la falta de reintegración de recursos no utilizados; y finalmente, en Red Integral y comunitaria en la Región de O’Higgins, se identificó un posible conflicto de interés.