Columna de Opinión

En el marco de la Conferencia de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Santiago (2-4 de mayo de 2024), se multiplican las reflexiones sobre la relación del Presidente Boric y del gobierno con los medios de comunicación, sin entrar en la acción pública que se ha desarrollado para fomentar la libertad de prensa. Precisamente, esta administración se distingue de los gobiernos del Chile postdictatorial por buscar cómo salir de una regulación del campo de las Comunicaciones entregada al mercado, que agudizó la concentración económica, publicitaria y editorial del ecosistema de prensa, así como la desregulación de la profesión de periodista.

Así, se aprobó en la Cámara de diputados/as la segunda versión del estatuto de protección de los/as periodistas y los/as trabajadoras de comunicación, pasando así a la revisión en el Senado. Esta ley se inscribe en el marco de la Ley Modelo de Protección de Periodistas impulsada en 2021 por la UNESCO, que busca reforzar el compromiso de los Estados con los tratados internacionales en la materia. En trasfondo, se trata de proteger la integridad de los/as periodistas y sus familias -en sus diversidades propias- e implementar medidas de sanción y reparación, para defender y promover la libertad de prensa y el pluralismo del sistema mediático. Es una respuesta frente al profundo avance de ideologías reaccionarias y del iliberalismo a nivel mundial, además de retrocesos en materias económicas, sociales, de derechos humanos y ambientales así como la crisis de la representación, la institucionalidad y del debate público democrático. Ante este escenario, esta ley es un avance significativo.

Más aún frente a un contexto pleno de problemáticas emergentes que necesita una acción pública: la desinformación, la desintermediación de la comunicación política, los modelos de negocio de medios, la inmediatez de los contenidos periodísticos, la polifuncionalidad y el multitareismo o la sinergia entre salas de redacción, la presión por cumplir con métricas de productividad, la tendencia creciente de audiencias a evitar intencionalmente las noticias, la agresividad digital -particularmente orientada a mujeres periodistas-, etc.

Por estas razones, es crucial avanzar en la conceptualización de la idea de “riesgo” en el campo de las Comunicaciones y proteger a los/as trabajadoras no solo de las amenazas y agresiones sino también proteger social y profesionalmente de condiciones de trabajo muy precarias. También es imprescindible incentivar el consumo de noticias y otras que vayan apoyando la sustentabilidad de los medios chilenos. Por ejemplo, se podrían implementar sistemas de incentivos tributarios que favorezcan las suscripciones a medios de comunicación. A la vez, hay un desequilibrio profundo entre el ecosistema nacional de medios -centralizado y concentrado- y los ecosistemas regionales. Porque esta precariedad -económica y profesional- es la que, finalmente, no garantiza condiciones de pluralismo para ejercer la profesión. Vulnera la autoridad y credibilidad del periodismo así como la libertad de prensa.