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El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló la resolución del Comité de Ministros del 8 de enero pasado, integrado por suplentes, que volvió a rechazar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero portuario Dominga, y ordenó al gobierno una nueva reunión con sus titulares.

De esta manera, el tribunal exigió el cumplimiento de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2024, que instruyó al Comité de Ministros pronunciarse sobre las reclamaciones en contra de la RCA. Para esto, el comité debe reunirse nuevamente en un plazo de 10 días para emitir una nueva resolución.

El fallo apunta al cumplimiento incidental de las exigencias del tribunal, es decir, no aborda el fondo del asunto, sino que el cumplimiento estricto de la sentencia que declaró ilegal el pronunciamiento del Comité de Ministros.

El Tribunal concluyó que el comité se excedió al abordar dos nuevas cuestiones que no formaban parte del fallo original, lo que implica un “incumplimiento a la sentencia”.

Andes Iron, titular del proyecto Dominga, exigió el cumplimiento incidental del fallo del 9 de diciembre de 2024, que ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución dentro de un plazo de 15 días. La fecha límite para cumplir con este mandato venció el 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, el Comité de Ministros sesionó el 8 de enero de 2025 con suplentes y emitió la resolución final el 14 de ese mes, lo que motivó la solicitud de ejecución forzada por parte de la empresa reclamante.

En su fallo, el tribunal estableció que “el plazo conferido para la resolución y dictación del nuevo acto administrativo de reemplazo venció el 31 de diciembre de 2024 y que la resolución exenta que finalmente se emitió “se dictó el 14 de enero de 2025, es decir, 14 días después de expirado el plazo".

´Por lo mismo, concluyó que “no resulta efectivo entonces que la sentencia definitiva sea autosuficiente para entender por ejecutada una pretensión de ilegalidad con su sola dictación, pues ante la limitación que impone el artículo 30 de la Ley N° 20.600, resultaba esencial el cumplimiento de la obligación de hacer consistente en la dictación oportuna de una nueva resolución exenta de reemplazo por parte del Comité de Ministros”.