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La abogada Josefa Ainardi, defensora de Héctor Llaitul, dialogó con Radio ADN sobre la sentencia que ayer fue conocida contra el líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a una pena de 23 años de presidio efectivo por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, hurto de madera, usurpación violenta y atentado contra la autoridad.

Al respecto, la profesional afirmó que “nosotros, como chilenos, debiésemos educarnos sobre la culturalidad mapuche, porque Héctor Llaitul es vocero histórico de la CAM, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco, un werken, que significa que traspasa la información que se lleva a través de los trawün o reuniones que se hacen a otras comunidades o a la opinión pública”.

“No es el líder de la CAM; que los chilenos entendamos líder como werken, es otra cosa, pero desde de la cultura mapuche, werken no es ser un líder, un presidente o un jefe, como lo ha tratado hacer ver el Ministerio Público”, agregó Ainardi.

Josefa Ainardi anunció que evaluarán la aplicación de la prisión preventiva y el cambio de recinto del cumplimiento de la condena. Sin embargo, más allá de toco eso, su defendido entiende este proceso “como una prisión política, que es algo como lo entendemos nosotros también. Es algo que esperaba, en el sentido en que entiende que el Estado ha perseguido siempre a activistas políticos, a activistas mapuche”.

También la abogada criticó al Ejecutivo por su rol, sobre todo en el último tramo del juicio.

“Aquí hubo al menos un cambio de postura en el Gobierno: recordemos que en campaña electoral, se presentaron como un Gobierno indigenista; luego llama la atención que el mismo Gobierno es el que amplía las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que termina aprisionando a mi representado y luego condenado", dijo.

"Ellos, siendo parte de los persecutores en el juicio, con un rol protagónico y activo, tomando en consideración que respecto a la Ley de Seguridad Interior del Estado, la única forma de iniciar esa investigación es a través de la interposición de denuncia o querella por parte del ministerio del Interior”, explicó.

“Es decir, sin el ministerio del Interior, difícilmente pudo haber prosperado. Por eso es que se dice por nuestra parte que aquí sí hay injerencia política indudable del Estado en general, pero del Gobierno de turno también”, agregó.

Según la abogada, en los próximos días el equipo defensor presentará un recurso de nulidad para dejar sin efecto, tanto el juicio, como la sentencia contra Llaitul. El plazo que tienen para eso es hasta el 16 de mayo.