Actualidad

El lunes recién pasado la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, cambió la medida cautelar de cinco integrantes del Tren de Aragua. De esta manera, pasaron de prisión preventiva a arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, tras pagar una fianza de cinco millones de pesos.

De inmediato, el Ministerio Público presentó un recurso en contra de esta decisión, argumentando que la liberación de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, ordenando que los acusados volvieran a prisión.

El problema surgió cuando Carabineros fue a buscar a las personas, ya que cuatro de los cinco sujetos están inubicables. Solo uno de ellos se entregó voluntariamente en la PDI de la Región de Coquimbo.

Trabajo mal realizado

La misma jueza en la exposición de la Fiscalía, que estuvo a cargo del abogado ayudante del fiscal Patricio Jory, Luis Soto, calificó la argumentación como "impresentable". El abogado Francisco Narváez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, abordó lo ocurrido en Los Vilos y el labor hecho por Soto, que actúo en calidad de fiscal durante la audiencia.

El experto señaló que "todo lo que se describe (en la audiencia) fue efectivamente comprobado, un fiscal que en audiencia demostró que no estaba preparado para la alegación y sostener la cautelar de prisión preventiva. No fue capaz de sostener y acreditar con los medios de prueba que habían realizado la misma Fiscalía y la PDI, que utilizaron figuras de drones y reconocimiento de videocámara de los imputados. Ante esa falta de preparación, la jueza no tuvo otra opción que declararlos en libertad porque no se pudo acreditar participación".

A raíz de este caso, Narváez planteó que "los grandes desafíos que implica el crimen organizado es replantear una serie de principios que nosotros tenemos inculcados en la práctica y en la tradición Jurídica".

Agregó que "por ejemplo, la protección de los derechos y garantías de todo imputado, los plazos de detención, los requisitos legales para la detención, la figura de los testigos protegidos y cómo efectivamente el estado les da resguardo a las personas que denuncian en los testigos protegidos. Ante el fenómeno del crimen organizado todas estas instituciones clásicas procesal se ven cuestionadas y bastante tensionadas".

El abogado señaló que "la situación que atraviesa el país en materia de procesal penal para enfrentar la figura del crimen organizado demuestra que la reforma implementada a finales de los 90 quedó obsoleta para los fines del proceso actual. Actualmente estamos enfrentando una realidad de criminología compleja, organizada y muy sofisticada en el empleo de distintas tecnologías y medios de redes y organización criminal y roles de los miembros que participan en ella".