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Corporación Humanas dio a conocer el informe anual de monitoreo de la objeción de conciencia en hospitales públicos frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales. El documento señala que para el año 2023, según los datos entregados por el Ministerio de Salud, quienes en mayor medida se acogen a esta figura en al menos una causal son los/as obstetras.

Especial preocupación genera la causal de embarazo producto de una violación, respecto de la cual el 45,8% de las y los obstetras se declara objetor de conciencia para no realizar el procedimiento. Además, es la causal con mayor objeción en el resto del equipo de salud necesario, como anestesistas (20,5%), profesionales no médicos de pabellón (12,7%) y técnicos paramédicos (13%). 

De acuerdo al documento, en cinco hospitales públicos la totalidad de los obstetras se declaró como objetor de conciencia en casos de embarazos producto de violación: hospital de Santa Cruz en la Región de O’Higgins, hospitales de Cauquenes y de Constitución en la Región del Maule, hospital de Victoria en la Región de La Araucanía y hospital de Puerto Aysén en la Región de Aysén.

El informe de Corporación Humanas da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%). Ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia, y 6 recintos que no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.

A seis años de la publicación de la ley, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, advierte que la amplia proporción de obstetras objetores de conciencia se ha mantenido en el tiempo en lugar de disminuir y no se trata de una situación excepcional, sino más bien de una realidad generalizada que puede obstaculizar el acceso de niñas y mujeres a la atención de salud.

El documento entrega recomendaciones para avanzar en una mejor implementación de la ley IVE como derogar la objeción de conciencia institucional, difundir ampliamente los derechos establecidos en la normativa, capacitar a los equipos de salud, garantizar que todos los establecimientos cuenten con equipos no objetores, entre otras.