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El Partido Social Cristiano y el Partido Republicano presentaron este martes 19 de diciembre la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien sigue siendo cuestionado por el Caso Convenios.

El libelo consta de cinco capítulos y acusa “graves actos de corrupción” que se cometieron en el ministerio en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios, principalmente durante los años 2022 y 2023.

La Acusación Constitucionalsurge luego de los antecedentes conocidos respecto del Caso Convenios, en donde se supo de traspasos vía trato directo entre el Minvu y fundaciones particulares.

En el prólogo del AC ingresado se indica que “hasta el momento, se ha podido constatar, fundadamente, que desde el Minvu, a través de las Seremis y Serviu, se han transferido más de once mil millones de pesos a entidades sin fines de lucro, mediante asignación directa, es decir, sin concurso público o algún mecanismo objetivo, además de no encontrarse debidamente fundados los actos administrativos que aprueban los respectivos convenios de transferencia”.

En el primer capítulo se acusa a Montes de “haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia”.

En el segundo se le imputa “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”.

En el tercero se le acusa de “haber infringido la Constitución y las Leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa”.

En el cuarto capítulo se imputa que el ministro Montes “es el responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución”.

Y en el quinto y final se le acusa de responsabilidad política por infracción al Código Procesal Penal, concretamente por omisión de denuncia.